Muchas empresas de New Mexico utilizan acuerdos de arbitraje como parte de sus contratos. Estos acuerdos obligan a las personas a recurrir al arbitraje vinculante para resolver cualquier desacuerdo, en lugar de acudir a los tribunales. En el arbitraje vinculante, un tercero propone una solución a las dos partes. Es diferente de la mediación, en la que las partes resuelven el problema por sí mismas. También es distinto de un juicio, en el que un jurado decide cómo debe resolverse el asunto.
¿Qué es la muerte por negligencia?
El ordenamiento jurídico de New Mexico permite a los representantes de una persona fallecida reclamar daños y perjuicios tras una muerte por negligencia. Este tipo de acciones legales se interponen ante los tribunales civiles. Suelen utilizarse cuando alguien ha contribuido a la muerte de otra persona o la ha causado, pero los procedimientos penales no han prosperado. Pueden utilizarse con éxito en casos de abuso en residencias de ancianos.
En el New Mexico, los daños y perjuicios de las demandas por homicidio culposo pueden distribuirse entre los cónyuges e hijos del fallecido. Estas indemnizaciones no pueden devolver la vida a un ser querido, pero pueden hacer cosas como reponer los salarios perdidos, ayudar a sufragar los gastos funerarios y, en algunos casos, compensar la pérdida de consorcio. Muchas residencias de ancianos en el New Mexico querían que la gente renunciara a su derecho a este tipo de procedimiento en favor de un arbitraje vinculante.
El Tribunal Supremo dicta sentencia
En 2020, el Tribunal Supremo de New Mexico decidió por unanimidad que las residencias de ancianos no pueden exigir a las personas que firmen cláusulas de arbitraje vinculantes. En la decisión, el tribunal señalaba que los contratos son demasiado unilaterales. Para ser válido, un contrato debe mostrar consideración para ambas partes. Los residentes de residencias de ancianos y sus familias no obtienen nada de una cláusula de arbitraje vinculante.
Es importante que los residentes de New Mexico sepan que pueden oponerse a este tipo de contrato injusto. Está claro por qué las residencias de ancianos quieren hacer esto. Pero no tiene sentido para el público en general. Cualquiera que se encuentre con este tipo de acuerdos injustos hace bien en plantearse impugnarlos.
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